De los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio saldrán este año 2.178 millones 774 mil 19 pesos para el pago de honorarios de los 132 ediles electos en octubre del año pasado y posesionados por el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, el 30 de diciembre para el periodo 2024-2027. Por iniciativa suya, pasan de tener una remuneración sobre el porcentaje de 1,5 Unidades de Valor Tributario (UVT), unos 74 mil pesos en el 2023 por sesión asistida, a 94 mil 130 pesos o 2 UVT, el máximo valor permitido por la ley para este reconocimiento.

Los miembros de cada Junta Administradora Local (JAL) constituida en las 12 comunas y en los 7 corregimientos del municipio no pueden ser inferiores a este esfuerzo financiero, que se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Social para pagarles honorarios. El llamado de atención no es para ediles que juiciosa y honestamente reportan a la Administración sesiones ejecutadas y asistidas en sus JAL, necesarias para el desarrollo y progreso. Es para ediles interesados en sesionar sin que sea por algo relevante, solo con el ánimo de incrementar sus honorarios. Y el llamado es también a que comuniquen a sus comunidades qué tratan, cuándo se reúnen, sobre qué temas y rindan cuentas.

Por eso esta semana en el Concejo, durante el último debate del proyecto de acuerdo con el que se le aprobó al alcalde aplicar este incremento, se advirtió la necesidad de expedir un reglamento que arrope a todos los ediles. Entrar en una regulación, en la que quede explícitamente definido cómo pueden actuar, hasta dónde, qué no deben hacer y las sanciones a que habrá lugar si incumplen, es lo único que permitirá blindar de cualquier asomo de corrupción.

En el 2021 la ley sacó de dificultades el ejercicio de los ediles, en especial a los del área rural, que hasta ese año tuvieron que trabajar con las uñas y sus propios recursos para sufragar gastos de transporte, papelería y reuniones. Casi que los mantenía el altruismo y amor al servicio comunitario, pues solo contaban con cobertura en seguridad social, lo que ahora también se incluyó con póliza de vida y afiliación a salud. Está muy bien dar garantías laborales a los cargos de elección popular, pero lo que no puede suceder es abusar del Estado o hacer uso indebido de los recursos públicos.

La Alcaldía está brindando herramientas para que los ediles respondan a las necesidades de comunas y corregimientos, pero a la vez ellos deben comprometerse a trabajar para sacar adelante proyectos apropiados con la llamada Partida Global, que son los recursos que les gira la Administración a las JAL para los ejecuten. La ley faculta a las JAL a tener por año hasta 100 sesiones (80 ordinarias y 20 extraordinarias). El control lo debe hacer minuciosamente la Alcaldía, que debe también brindar acompañamiento, no solo pedir actas, porque si se incurre en equivocaciones lo pagaremos todos.