“Para muchos jóvenes, vapear es una moda. Pero, aún, desconocen las irreversibles consecuencias que trae en el largo plazo. El uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores puede generar lesiones estructurales en las células, los tejidos y los órganos de consumidores activos y pasivos”: conclusión del Coloquio de cigarrillos electrónicos organizado por la Universidad de los Andes. Por fortuna fue aprobada este año la Ley 2354 de 2024, y Colombia entró en la lista de los 21 países de América con alguna regulación sobre los cigarrillos electrónicos y los vapeadores.
En las discusiones de esta Ley en la Cámara de Representantes se citaron datos estremecedores para un país que se atribuye la vida. Los vapeadores están al alcance de cualquier consumidor, incluso del 25% que son menores de edad. Estudios como el de Enfermedades asociadas al vapeo en Colombia, del INS y la UIS, demostró que por lo menos 59 personas han fallecido en los dos últimos años por este consumo y ha generado 245 enfermedades asociadas. Para completar el panorama, los vapeadores no pagan ningún impuesto en el país, lo que los hace un comercio mucho más atractivo y abierto.
El consumo de estos productos en Colombia, en su mayoría glicerinas líquidas, se considera un problema de salud pública. Hay evidencias de que inhalar el vapor de estos dispositivos, que contienen sustancias nocivas o se pueden transformar en compuestos tóxicos al calentarse, afectan el sistema respiratorio, el cardiovascular y la salud mental por la adicción que ocasionan. Además, es claro que ni los dispositivos de vapeo ni los cigarrillos electrónicos cuentan con registro Invima para ser vendidos como medicamentos ni como tratamientos médicos, por eso nadie puede ser engañado con la promoción de estos usos.
Con la Ley 2354, que es una ampliación de la Ley Antitabaco expedida hace 15 años en el país, se prohíbe la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos a menores de 18 años de edad, se prohíbe su uso en espacios cerrados de acceso público, obliga a que estos productos tengan etiquetado de advertencia, regula su publicidad y prohíbe el patrocinio por empresas fabricantes. También obliga a crear programas de salud y educación para disminuir el consumo y abandonar la dependencia. A pesar de ser esto un logro, se requiere una reglamentación más amplia y detallada en Colombia, especialmente para los distintos tipos de comercio de estos dispositivos, entre ellos las ventas por internet que facilitan la compra y la venta entre menores de edad.

El vapeo se consideró por años como una sana alternativa para dejar de fumar tabaco o para mitigar la ansiedad y la depresión, pero con el tiempo se fue revelando como una nociva y adictiva práctica, así no se estén consumiendo sustancias psicoactivas. Por eso no solo debe ser una función de las autoridades hacer cumplir esta Ley. Los colegios, las universidades, los comerciantes, los padres de familia y la ciudadanía deberían ir más allá de lo obligatorio y erradicar este peligroso consumo para evitar que siga subiendo como humo.