legó la Navidad y están cerca las fiestas de fin de año y la Feria de Manizales, cuando las calles del Centro tomaban otra dinámica comercial con el aumento de vendedores informales y ambulantes ocupando el espacio público, que las administraciones municipales regulaban basados en los permisos existentes, en algunos nuevos y con controles. Sin embargo, ya no hay diferencia con los días que anticipan las festividades. La invasión del espacio público se volvió una constante, sin que la Alcaldía se haya preocupado por imponer orden.
Hablar del espacio público obliga a reconocer, no solo aquí, también en Colombia e incluso en el mundo, que cada vez es más difícil su manejo y normativa. Se volvió un fenómeno social la ocupación de andenes, calles y avenidas para el ejercicio de la economía informal que crece de forma desmesurada; más después de la pandemia por la covid-19, la cual dejó muchos desempleados, y ahora con una economía nacional golpeada llegan cada vez a más personas al rebusque.
Entender esa necesidad de la gente, no significa quedarse cruzado de brazos. Dejar de actuar o hacerlo con permisividad es la peor decisión como ocurre en la ciudad. El alcalde electo, Jorge Eduardo Rojas, esbozó el panorama de la carrera 23, quizás de las más invadidas por la informalidad y por otros problemas conexos como el desorden, la inseguridad, la ilegalidad que esto trae. Dijo que cuando terminó su primera Alcaldía en el 2015 no había 400 vendedores informales sobre esta vía, y que ahora hay por lo menos 2 mil. Han pasado ocho años, dos administraciones que poco hicieron al respecto: la de Octavio Cardona, hoy representante a la Cámara, y la actual de Carlos Mario Marín. La 23 se dejó densificar y se volvió un sector hasta peligroso en algunas horas, que no invita a transitarla. Incluso los informales piden orden.
Lo de la 23 se replicó por las avenidas Santander y 12 de Octubre en Chipre, comienza a verse por la carrera 22 y se mantiene como viejo problema en la Galería y alrededores de la Plaza de Mercado. No hay planes especiales de actuación sobre el espacio público. Antes de terminar su mandato -en 28 días-, el alcalde Marín debería ejecutar las herramientas que tenga a la mano para frenar esta ocupación. No puede ser, como es sabido en la ciudad, que se sigan permitiendo informales con varios puestos, que los que módulos los alquilen o los vendan al mejor postor, que haya mafias operando entre comercio formal e informal para vender productos en el espacio público.

Entre las herramientas con que se cuenta, están los fallos judiciales que le ordenan a la Administración recuperar el espacio público como sucede con los remolques de comidas frente al Monumento a Los Colonizadores en Chipre, en zonas de parqueo. Ante el fallo, se acudió a un acuerdo de conciliación por seis meses, pero las largas no han resuelto este problema, lo acentúan y ya vimos cómo algunos osaron levantar segundos pisos para atender más público. Por lo menos la Alcaldía los hizo retirar tras la denuncia. Estas fechas que vienen deben ser para el disfrute, pero con un espacio público como el que tenemos con seguridad seguirá acarreando muchos problemas en la ciudad.