Una tragedia como la ocurrida en la invasión Samaria Mirador Las Cruces se veía venir en ese sector de Manizales. El lunes en la noche hubo un incendio que dejó tres muertos, dos niños de 2 y 7 años y una joven de 18. Tres construcciones terminaron incineradas. Ninguno logró salir de una de las viviendas donde habitaban, porque la puerta estaba cerrada con un candado interno y los vecinos no alcanzaron a ingresar para socorrerlos de las llamas. Hay siete personas más damnificadas, a los que la Alcaldía, a través de la UGR, les brinda atención psicosocial y también ayudas de la Cruz Roja.

Ojalá dramas como este, que se suman a muchos otros de la historia de esta ciudad, se pudieran solucionar tan fácil, porque la situación y las condiciones en que viven las personas en dicha invasión no son dignas ni seguras. Están asentadas en una ladera de fuerte pendiente, habitando construcciones improvisadas y en materiales de escasa técnica, sin servicios públicos básicos de agua y energía eléctrica que los exponen más a todo riesgo cuando se presenta. Allí no hay vías, solo estrechos caminos que abrieron los habitantes y por donde no pueden transitar ambulancias ni máquinas de bomberos. Por todo esto la solución sigue siendo la reubicación.

Sobre este sitio recaen dos situaciones legales. Un proceso policivo en trámite en la Inspección Sexta dirigido a proteger bienes inmuebles con una medida correctiva como el desalojo, que según indicó la Secretaría de Gobierno Municipal estaba en trámite. De otro lado, desde el 2019 el fallo de una tutela le ordenó a la Alcaldía de Manizales hacer un censo y caracterizar la población para definir quiénes pueden ser beneficiarios de un auxilio estatal. Los resultados de esta fase no se conocen; solo la defensa de los demandados dice que aunque les han planteado opciones de vivienda, la situación económica de las personas es tan precaria que no les da para pagar una cuota inicial. Por eso la urgencia es tener el insumo de la caracterización de las familias, es lo único que permitirá establecer quiénes deben ser amparados y reubicados en un lugar seguro, donde no estén violando la ley, ni expuestos a riesgos. En febrero de este año reportaban unas 600 construcciones levantadas, pero solo unas 180 habitadas porque a estos terrenos, que en parte son del Municipio y otros de particulares, hace unos tres años llegaron personas que levantaron cambuches teniendo vivienda en otro lugar, con tal de hacerse a otra propiedad o acceder a ayudas. Son los que solo aparecen cuando van las autoridades, el resto del tiempo las construcciones permanecen solas.

Dejar de hacer, dejar pasar es lo que se ha visto desde la Alcaldía con esta invasión, que año tras año permitió que creciera; además ningún organismo de control ha intervenido para velar por la vida de las personas. La Administración no ha actuado con oportunidad frente a un problema social de hondo calado, porque allí hay otras situaciones delicadas sin atender, y en medio de tanta carencia el más fuerte se convierte en ley. El Municipio no puede lavarse las manos, esta ladera está definida como zona de riesgo, no es adecuada para ser habitada, y cuanto antes los que verdaderamente lo necesitan deben ser trasladados a un lugar seguro. No se puede permitir allí otra tragedia, menos que involucre como víctimas a menores de edad.