Indignación ha causado la conclusión de una investigación periodística del portal La Silla Vacía, detallando que la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, se ha gastado en lo corrido de este Gobierno por lo menos mil millones de pesos de recursos del Estado en honorarios y viáticos para un maquillador personal y vestuarista, un fotógrafo profesional, una dama de compañía, que es su mejor amiga, y una asesora personal con sueldo de ministro. Todos, dice el medio, contratados a través de tres entidades públicas, entre ellas la Consejería de Reconciliación, para encargarse de la imagen, la agenda y el acompañamiento de Alcocer en carnavales y viajes que no tienen relación con sus cargos.
Es increíble que el Gobierno del Cambio que llegó promulgando austeridad en el gasto público; evitar lo innecesario, lo suntuario y lo relacionado con las élites, protagonice un escándalo de estas características que contradice todo eso. ¿Lo que prometieron durante la campaña a la Presidencia fue entonces una argucia para cautivar votantes? No tiene presentación que mientras muchos colombianos han tenido que vivir en apretón económico, en parte por las medidas del Gobierno Petro, se sepa que la primera dama al parecer incurrió en estos excesos.
Eso hace pensar en que es hora de evaluar qué tanto se requiere la figura de la primera dama o si es el momento de suprimirla para reducir gastos. Los cónyuges de los gobernantes no son funcionarios ni servidores públicos, no tienen responsabilidades asignadas, más allá de ser parte del protocolo público. No tienen presupuestos establecidos ni reciben remuneración. El análisis debería incluir a las primeras gestoras sociales, que son sus homólogas en departamentos y municipios, ya que no han sido ajenas a crear sus propios despachos, ocupar oficinas públicas y usar recursos estatales. Tampoco pueden cumplir labores de representación diplomática o en reemplazo de los mandatarios.
Las primeras damas y gestoras han ejecutado programas de apoyo, especialmente en asuntos sociales y con buenos resultados. Pero una cosa es colaborar cívica y desinteresadamente, sin pedir nada a cambio, y otra bastante grave en lo jurídico exigir que sean asignados recursos públicos desde cualquier dependencia oficial para el pago de personal y servicios a su favor. La Procuraduría y la Contraloría deben iniciar procesos para determinar si hay alguna irregularidad con el séquito de Verónica Alcocer.
La Silla Vacía menciona que ex primeras damas como Lina Moreno, María Clemencia Rodríguez y María Juliana Ruiz dirigieron consejerías en los periodos presidenciales de sus esposos, pero ninguna direccionó tantos recursos para imagen, manejo de agenda o compañía como Alcocer. Desde Presidencia lo que respondieron es que los señalados trabajan para el Gobierno y también le prestan servicios a la primera dama: “Algunas dependencias tienen funciones específicas de prestar asistencia, administrativa, de seguridad y protocolo al presidente y su familia”. Quizá lo permita la ley, pero no con los costos desbordados como se encontró.
