Que el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, se haya insubordinado desatendiendo la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación (PGN) es reprochable por donde se le mire. Todos los funcionarios públicos, sin excepción alguna de los niveles nacional, departamental y municipal, son los primeros llamados a acatar y respetar al pie de la letra las decisiones administrativas y judiciales. Bien distinto es pedir el debido proceso, interponer los recursos de ley y defender la presunción de inocencia, si es que se vulneraron.
Leyva está torpedeando la acción del Ministerio Público al desacatar la suspensión provisional del cargo por tres meses, sin derecho a remuneración alguna, que le impuso desde la semana pasada la PGN, mientras se desarrolla la investigación disciplinaria que le abrió por presuntas irregularidades al haber declarado desierta el año pasado la licitación para la elaboración de los pasaportes en el país. Más grave resulta que el quebrantamiento de las normas lo auspicie el propio presidente de la República, Gustavo Petro, que fue notificado el lunes de la sanción a Leyva. Este sigue despachando en el cargo, como si nada hubiera sucedido.
Es un exabrupto ignorar una decisión oficial de la PGN con argumentos que no corresponden a la institucionalidad que juró cumplir el Gobierno en el acto de posesión el 7 de agosto del 2022. Este incumplimiento abre la puerta para que quien no guste de las decisiones legalmente tomadas, pues no las acate. Esta falta en la que incurren dará lugar a otras acusaciones que complicarán más la situación para ellos y de paso al país por lo que representan sus cargos.
La PGN debe agilizar la investigación y establecer si en definitiva Leyva se extralimitó en sus funciones al declarar desierta la licitación de los pasaportes, sin suficientes fundamentos jurídicos y técnicos; además si decretó urgencia manifiesta durante el proceso contractual sin aparente justificación. El organismo califica ambas conductas como posibles faltas gravísimas, cometidas a título de dolo, y tendrá que probarlo. La investigación podría involucrar al hijo de Leyva y a otras personas, por eso el ministro debe acatar la suspensión y dejar que el organismo actúe. Si finalmente se comprueba todo lo contrario podrá retomar su cargo, pero solo será en ese momento.

Muy mal ejemplo el que dan Leyva y el presidente Petro al hacer oídos sordos de la decisión de la Procuraduría. Si lo hacen el presidente y el ministro, ¿por qué otros no?, podrán justificar. El Gobierno no puede seguir considerando que es el jefe de todos los poderes públicos y que está por encima de cualquier instancia, para permitirse actuar a su antojo. La separación de poderes sigue rigiendo y los organismos de control tienen su función. Si no se está de acuerdo con cómo funciona el sistema, busquen cambiarlo por vías democráticas. Mientras tanto, acaten y obedezcan.