Finalizó la fase de planificación del territorio. Asamblea y Concejo aprobaron esta semana el Plan de Desarrollo 2024-2027 al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, y al alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas. Ya tienen que venir las ejecuciones y el cumplimiento de compromisos para llevar al departamento y al municipio a estados mejores, según los títulos de estos documentos y lo prometido desde la campaña, que está reflejado en las metas, programas, proyectos y propósitos de cada Plan. Preocupa que en el Plan Departamental se fijaron metas muy tímidas en educación por ejemplo o en vivienda, que se deben ir cualificando para mejorar las intervenciones oficiales en estas áreas.
Su aprobación se convierte en otro voto de confianza, por eso es indispensable que como cabezas del departamento y del municipio mantengan la observancia sobre lo aprobado en estas hojas de ruta y no se olviden de ellas en el cuatrienio. Deben demostrar que valió la pena el esfuerzo de estos primeros meses para elaborar dichos planes, proveniente de instancias gubernamentales, de la sociedad civil, ambientales y políticas por las cuales surtieron trámite. Ni la región ni el país pueden seguir aprobando planes de desarrollo solo por cumplir una exigencia normativa, pero al final del periodo poco es lo que realmente se cumple, si no es que debe ser modificado.
No habrá lugar a excusas por carecer de herramientas para consolidar lo que propusieron, porque hasta las facultades especiales solicitadas por ambas administraciones recibieron el visto bueno, a pesar de las dudas técnicas y jurídicas de algunos diputados y concejales. Gutiérrez podrá adecuar la planta de cargos, a lo que la Gobernación de Caldas acude desde administraciones pasadas para ajustarse a exigencias legales. Las atribuciones sobre las que no hay plena confianza son la enajenación y compra de bienes, que se consideran deben ser tramitadas como proyectos de ordenanza en la Asamblea para no perder el control político y las particularidades de estas actividades.
Facultades más robustas le otorgó el Concejo al alcalde Rojas para realizar adecuaciones administrativas; promover y gestionar la constitución de asociaciones y alianzas público-privadas; adelantar gestiones, trámites, operaciones y actuaciones para aplicar la valorización como instrumento de financiación de proyectos de infraestructura; celebrar, conforme a las normas vigentes, contratos y convenios. La mayoría exige un estricto diseño y estructuración de proyectos, además de garantizar capacidad financiera y de gestión empresarial para casos en los que el Municipio pretende establecer relación con privados para alcanzar metas.

No solo el Concejo y la Asamblea deberán estar atentos a la evolución de estas facultades, que son solicitadas por la mayoría de gobernantes, antes y ahora; también la sociedad civil, porque no pueden quedar como cheques en blanco. Requieren ojos de todos los sectores. Igual debe suceder con la ejecución de los planes de desarrollo, que siempre deberían tener disponible una veeduría ciudadana para hacerle seguimiento periódico, y ahí sería de gran apoyo la academia; no esperar a que las administraciones salgan a hacer sus propias rendiciones de cuentas, casi siempre al final del periodo cuando ya poco o nada se puede exigir en cumplimiento.