Se encuentra en tela de juicio la decisión del Gobierno Petro de no continuar en octubre con la tendencia alcista en el precio del galón de gasolina corriente en el país. No antes, ni después, tenía que ser justo este mes de elecciones regionales. La duda de que esto tenga que ver con razones meramente técnicas embarga a muchos colombianos que sufren los rigores de los incrementos desde octubre del 2022, mes tras mes, en promedio de $600 por galón.
Argumentan los ministerios de Minas, Hacienda y Transporte que frenaron los aumentos para poder aplicar el anunciado bono de compensación de precios de la gasolina a los taxistas, como lo prometieron el 25 de agosto, luego de las protestas del gremio en varias ciudades presionando un precio diferencial. Se estima que en Colombia unos 190 mil taxis funcionan con gasolina, pero según el Gobierno, solo se han inscrito 40 mil en el RUNT para acceder al bono acordado, por lo que no tienen claro a quiénes les va a llegar el dinero ni a dónde.
Esa explicación no resuelve las dudas sobre la medida, que se considera tiene un trasfondo político, porque nada más antipopular para cualquier mandatario que hacer alzas de precios en medio de elecciones. Parece estar dirigida a quedar bien con los electores y a fortalecer la imagen de los candidatos de los partidos de Gobierno, tan deteriorada. No se ve factible que en un mes todos estos taxistas vean la medida confiable. Muchos temen que el registro que les exigen hacer sea para sumarles más obligaciones tributarias de las que ya pagan al Estado. El Gobierno tendrá que ser claro con ese gremio. Además, porque la tal tarifa diferencial también beneficiará a grandes empresarios del transporte, lo que riñe a todas luces con el discurso de apoyar a los más necesitados del que tanto habla esta Administración nacional.
Este respiro por las alzas del combustible parece que será flor de un mes, porque seguro los incrementos regresarán en noviembre, ojalá no sean por el doble. Habrá una acumulación y se desconoce cómo el Gobierno la repartirá posteriormente al haber parado en octubre el desmonte gradual de subsidios a la gasolina, que era de unos $5 mil por galón y que provee el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Este Fondo está en déficit, el Gobierno ya no tiene recursos para seguir subsidiando. El estimativo es que para finales de este 2023 el galón de gasolina corriente estaría cerca de los $16 mil.

Colombia posee reservas cada vez menos suficientes de petróleo. De un promedio entre 750 mil y 800 mil barriles mensuales que se producen, se consume internamente la mitad. Los precios internacionales empujan el costo nacional, pero no se puede olvidar que entre más escasee el petróleo nos podemos terminar volviendo importadores y será peor, de ahí que la política de no explotación de combustibles fósiles que tanto se pregona, también pegará en la economía del transporte. La posibilidad de que la población se haga a vehículos eléctricos o híbridos, como pretende el Gobierno, está bien lejos por sus altos costos y la falta de infraestructura para montar electrolineras. La transición energética habrá que hacerla muy pausadamente para no causar traumatismos. Mientras tanto, hay que seguir pensando en una fórmula de precios menos lesiva para los combustibles derivados del petróleo como la gasolina, y desprovista, claro está, de intereses electorales.