Entre los seis proyectos de acuerdo radicados por la Administración de Carlos Mario Marín para estas últimas sesiones extraordinarias del Concejo de Manizales hay uno del que poco se ha hablado. Se trata del 114, presentado el pasado jueves con el objeto de modificar parcialmente el acuerdo 978 del 2017, según el título de la iniciativa. Hasta ahí todo parece normal, pero lo que se busca y de llegar a ser aprobado durante estos días hasta el miércoles, cuando termina el periodo de extras, golpeará fuertemente el bolsillo de algunos contribuyentes en el municipio.
Pretende la Alcaldía modificar el Impuesto de Alumbrado Público para tener un instrumento financiero actualizado y adecuado para cubrir los costos de prestación del servicio. Quiere decir, hacer aumentos en la tarifa que recauda el Instituto de Valorización de Manizales (Invama) como prestador del servicio en zonas urbanas y rurales. El incremento sería para sectores diferentes al residencial, donde se mantiene igual para todos los estratos del 1 al 6; aplicarían en los sectores industrial, comercial, oficial, y se incluye el cobro para usuarios especiales entre los que están predios urbanizables y no urbanizados. Las tarifas van desde $42 mil 412 hasta $4 millones 241 mil 200, según el consumo.
No es la primera vez que la Administración Marín intenta esta alza. Hace un año discutió en Consejo de Gobierno si se incrementaba con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) o en el IPP (Índice de Precios del Productor) y desistió por lo que representaba económicamente para el contribuyente. El asunto es que el Invama tiene que comprar la energía en el mercado para proveer el alumbrado público, y la fórmula que define la tarifa se volvió arcaica y hay un atraso para el Municipio. La falta de decisiones a tiempo no puede llevar ahora, a toda carrera, a implementar una nueva tarifa.
Los errores que vienen de años atrás no se pueden resolver de la noche a la mañana, así la Alcaldía sustente que se hizo un estudio técnico de referencia contratado por el Invama en el 2021 para modernizar el alumbrado público, que arrojó la necesidad de actualizar las tarifas del impuesto para que reflejen los costos reales de prestar este servicio. Lo recomendable es aplicar un criterio de razonabilidad, pero no tiene justificación que después de dos años del tal estudio, ahora les de por sacarlo a última hora y a las carreras.

Parece que este proyecto lo presentaron en estos últimos días de sesiones, en medio de la Navidad, para pasar de agache y que el costo político no sea tan alto para la Administración Marín, pero sí lo asuma completo la del alcalde electo, Jorge Eduardo Rojas, que tendría que enfrentar lo que se derive de un proyecto como este. Otra decisión que debe dejarse para el próximo año, teniendo en cuenta que tampoco se sabe qué sucederá en el municipio con el descuento por pronto pago para el Impuesto de Industria y Comercio, hundido en el Concejo, y cuando el Gobierno nacional tramita reformas que seguirán impactando al sector productivo en el 2024 y ante las dificultades de la economía nacional que se asoman.