De excesos parecen no cansarse el presidente Petro y su Gobierno. Tras la muerte de Piedad Córdoba convocó sin reato a una autorreflexión al Pacto Histórico, la alianza de partidos y organizaciones que lo avalaron para el cargo. Como si fuera el presidente, pero de una colectividad política, les propuso: reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023, congreso progresista, configurar un solo partido político, convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y nación. El fin de estas cuatro ideas suyas, ganar las elecciones del 2026. Lo escribió por su cuenta de X.
Dar este tipo de instrucciones y conceptos puede configurarse como participación indebida en política. En eso coinciden abogados constitucionalistas, a pesar de que las leyes no señalan explícitamente la prohibición en este aspecto para los empleados públicos de elección popular, dando lugar a un limbo jurídico. Sin embargo, existen conceptos de la Función Pública en los que claramente explica que, como no existe una ley estatutaria que determine lo contrario, los servidores públicos se rigen por el artículo 127 de la Constitución, en cuanto a la prohibición para participar en política, tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas.
Ya hay anuncios, como el de la senadora María Fernanda Cabal, de presentar una demanda a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue a Petro. No es la primera vez que el presidente incurre en esta falta. En octubre del año pasado, a 24 días de las elecciones regionales, dijo en un acto público: “Ojalá otro gobierno progresista gane las elecciones”. Parece que el presidente está abusando del poder y del cargo para hacer libremente política, sin que ninguna autoridad haya salido a llamar siquiera la atención por estos desafueros.
Proteger la democracia se hace más necesario, porque lo que ordena la Constitución es justamente prevenir que el poder estatal y los recursos públicos se empleen en favorecer intereses partidistas, cualquiera sea la tendencia, y de eso se cuidan los funcionarios públicos apartándose, así sea aparentemente, de que los vinculen con participación en política. Con seguridad que lo hacen, pero de forma muy soterrada. Mientras no se expidan leyes que reglamenten este tipo de intervención entre funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República, todos deben acatar la prohibición.

Pareciera que Petro ha caído en un desespero por la falta de liderazgos consolidados en el Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales del 2026, alianza que navega entre divisiones y desacuerdos hasta con el propio Gobierno, que no les ha cumplido lo prometido. Gobernar no es fácil y lo está viviendo en carne propia el presidente, aunque considere que desde otros frentes están ejecutando maniobras para apartarlo de la Casa Nariño. Debe revisar si lo hecho en estos casi ya 18 meses es lo mejor para Colombia, porque su deber constitucional es primero con la población colombiana. Andar en proselitismo no debería ser la prioridad.