Sin ningún esfuerzo político en el Congreso de la República, el presidente Petro cambió las condiciones para el consumo de sustancias psicoactivas en el país. Derogó el 7 de diciembre del 2023 el decreto que había expedido su antecesor, Iván Duque, con el que se prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas en espacios públicos. Lo justifica en que la Policía se debe dedicar es a perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no a los consumidores. El complemento llegó el 10 de enero, con la expedición de un protocolo para que los entes territoriales regulen, si es su voluntad, el consumo de sustancias psicoactivas en zonas públicas.
Eso que sucedió en un mes delegó en los alcaldes y los concejos la decisión de adoptar esta política contra las drogas. Parece un contrasentido que el Gobierno asegure que no está dejando de prohibir el comercio, tráfico y microtráfico de drogas, pero se abre un boquete jurídico, porque al pequeño consumidor va dirigido el gran negocio de los capos de las drogas, son sus clientes, sin ellos no existirían. Difícil entonces abrir esta posibilidad porque dificulta el control y la persecución a los jíbaros.
En Manizales, el Concejo acaba de hacer acuerdo un proyecto del alcalde Rojas para restringir el consumo de estas sustancias en el municipio en aras de proteger los derechos de niños y adolescentes. La restricción va de las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en centros o instituciones educativas públicas y privadas, plazas, plazoletas, parques, centros y entidades de atención a menores, escenarios deportivos, zonas históricas, centros de culto religioso, zonas de interés cultural, bulevares, eventos públicos y privados a los que asisten menores, equipamientos del municipio y dentro del área circundante a estos sitios y en un perímetro de 120 metros de bienes de uso público como áreas verdes, vías, andenes y zonas peatonales.
También determina sanciones a infractores de esta norma y realizar campañas educativas que orienten sobre lo nocivo de las drogas. Varios municipios de Caldas ya avanzan en proyectos para prohibir el consumo en lugares públicos. El decreto de Manizales les podrá servir de guía, adaptándolo a sus necesidades. La inquietud es cómo se va a garantizar que se respete la norma, sobre todo en los horarios en los que sí se permitirá el consumo de drogas en espacios públicos. ¿Existe el suficiente pie de fuerza para hacerlo? Es evidente que no todo consumidor es un delincuente, pero también es cierto que los escenarios que son frecuentados por consumidores generan percepción de inseguridad y se pierde el espacio para el disfrute público.

Esta norma debe venir acompañada de educación y mostrar los peligros que entraña el consumo de sustancias, de cómo nadie sabe si puede ser propenso a convertirse en un adicto. Por eso se requiere que se mejoren los canales de atención a quienes terminen cayendo en la dependencia de las drogas y esto es un manejo de salud mental, pero sobre todo en la prevención. Esperamos que pronto se tengan claros los protocolos para hacer cumplir este decreto. Algunos dicen que el Estado no debe meterse en la decisión autónoma de los adultos de usar drogas recreativas, pero ya vemos los efectos que causan estas cuando terminan imponiéndose a la voluntad de los consumidores, eso sin añadir que todo peso que alguien gasta en estupefacientes termina alimentando los carteles que no nos dejan salir de la violencia.