Llegó el turno para un sector de las disidencias de las Farc, el llamado Estado Mayor Central, de negociar con el Gobierno Petro, que tiene como plan y estrategia la llamada paz total. El problema radica en que las disidencias son el resultado de un proceso que quedó a medias con la guerrilla activa más vieja de Latinoamérica, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Las disidencias no son un grupo más, se trata de quienes desaprovecharon la mano tendida del país para darles una salida política a lo que intentaban conquistar con violencia, con el fusil. Y eso no se puede dejar pasar por alto, a la hora de transar con esta agrupación, hoy convertida en narcotraficante.
La noticia se conoció el fin de semana desde Cauca, sin que se diera una fecha exacta o lugar para instalar la mesa de diálogos anunciada, que será clave conocer, porque estaría atada esta decisión a la de un cese al fuego. El 17 de septiembre ha sido fijado como fecha para un nuevo encuentro entre las partes y es posible que allí se avance hacia anuncios más concretos que permitan entender en qué consistirá, el alcance que tendrá y qué pueden esperar los colombianos. Es otro capítulo más de esta paz fragmentaria, anunciada por el presidente, pero lejos de tener resultados tangibles hasta ahora.
Por fortuna, en esta nueva negociación se cuenta al frente como jefe del equipo del Gobierno al exministro Camilo González Posso, profundo investigador del conflicto colombiano. Confiamos en que sea guardián en la heredad y no suceda lo de otros procesos, en los que han sido más los sobresaltos y las salidas en falso que los resultados. Un anuncio como este, con mucha parafernalia, se hizo en abril en los Llanos del Yarí con la llamada Nueva Marquetalia, pero desde entonces, nada más se volvió a conocer de esas buenas intenciones. El cese al fuego señalado entonces no se renovó, porque nunca se concretó.
Es una lástima, la ingenuidad del Gobierno le está pasando factura. Se tiene que dar cuenta de que está negociando con bandidos. Que se agradece esa buena voluntad, pero si esta no pasa pronto a los hechos, todo proceso se deslegitimará. Y los hechos tiene que pasar por abandonar toda acción criminal, en eso no puede haber dudas.

Hay que anotar que esta negociación a cuentagotas y fragmentaria deja abiertas muchas preguntas. Qué se va a hacer para que los espacios que se despejen de estos bandidos no sean copados por otros, cómo será la verificación del cumplimiento de los acuerdos, cómo se protegerá a los que se acojan al proceso y qué pasará con quienes se nieguen de nuevo a recibir la mano tendida del Estado. Porque los ciudadanos están preocupados, tanto que los mismos gobernadores, tan políticamente correctos en la mayoría de los casos, han llamado la atención del presidente y del ministro de Defensa sobre la necesidad de que se combata de frente a los delincuentes. Se suponía que esta Administración sabía cómo se hacía la paz, pues es hora de que lo demuestre.