Da escalofrío solo leer que en el Eje Cafetero las autodefensas, a través del Bloque Central Bolívar, mataron a la gente por matarla. Así lo describe el Centro Nacional de Memoria Histórica, que presentó un informe en su labor de esclarecimiento de hechos ocurridos en el conflicto armado en Colombia, y que todos como víctimas, directas o indirectas, debemos conocer. Al frente Cacique Pipintá, ala paramilitar que hizo presencia en el norte, parte del occidente y del centrosur de Caldas, le atribuyen por lo menos 700 muertes.
El informe habla de acciones violentas, que no solo recuerdan su génesis y los nombres de quienes las ejecutaron; paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, servidores de la fuerza pública, terratenientes y políticos. Lo más importante es tener siempre de presente que esas actuaciones trajeron nefastas consecuencias. En 10 años, la presencia de grupos armados ilegales subió del 2% en 1985 a 53% en 1995 en los tres departamentos del Eje debido a la crisis cafetera e institucional, al aumento de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico.
Primero fue el Frente Norte, que se convirtió en el Cacique Pipintá y que ejerció el terror. Todos los grupos armados actuaban contra todos, pero la sociedad civil fue la que quedó en medio del fuego. Ahí están las narraciones de los engaños para buscar colaboradores de guerrillas, desapariciones forzosas, asesinatos selectivos, violaciones, desplazamientos de cientos de personas. Muchos de los que nunca se volvió a saber de su paradero fueron descuartizados y arrojados al río Cauca sin ningún escrúpulo. Los paras usaron no solo la fuerza; también se valieron de centros poblados y sus infraestructuras para su entrenamiento, operaciones y hospedaje. A la gente la iban sacando porque sí.
Especialmente La Merced fue su epicentro. No se puede olvidar que los paramilitares desarrollaron allí reuniones clave con políticos que decidieron transar con ellos en el llamado pacto de El Tambor a cambio de votos. Así eligieron alcaldes, concejales, y congresistas. De esa peligrosa alianza entre jefes de las autodefensas como Ramón Isaza, Ernesto Báez, Alberto Guerrero y alias Fabio con políticos terminó con unos 60 funcionarios condenados por paramilitarismo. Entre ellos los liberales Ferney Tapasco, condenado y pagando cárcel como autor intelectual del asesinato del subdirector de LA PATRIA Orlando Sierra, y su hijo Dixón Ferney Tapasco que era representante a la Cámara; Enrique Emilio Ángel y Juan Pablo Sánchez, también representantes.

Nada bueno salió de lo que hizo esta estructura paramilitar, ni de sus alianzas con la política o el narcotráfico. Más bien todo fue malo y doloroso. Hoy algunos están muertos, por causas naturales o por asesinatos, o pagando condenas; pero lo más gravoso son las marcas que dejaron en estas poblaciones a las que les truncaron su desarrollo social y económico por la presencia paramilitar y toda la violencia e inseguridad que esto significó. Por ningún motivo esta historia se puede dejar repetir.