Son muchas las metas que se fijan los gobernantes cuando empiezan sus mandatos. Para fijarlas es lógico pensar que esos mandatarios toman en consideración los parámetros históricos en cada tema, las políticas públicas que se diseñan y, por supuesto, las prioridades que se quieren dar desde el ejecutivo a temas clave. Sin embargo, hay que decirlo con total franqueza, muchas veces las metas fijadas con bombos y platillos no necesariamente se anteceden de una toma de decisiones responsable, sino que simplemente se considera como algo que hay que hacer y entonces se cumple por cumplir. 
La academia tiene aquí un tema de estudio muy interesante, puede fijarse en este tipo de condiciones, revisar qué tanto sentido de realidad tienen esas metas que se fijan. Son muchas las circunstancias en las que se cumplen estos objetivos, pero apenas por arte de birlibirloque y poco más. Es la misma razón por la que muchos mandatarios no se atreven a plantearse metas retadoras, para no desafiarse y más bien esperar si las circunstancias les son propicias y luego cobran por ventanilla, así no hubieran hecho algo para cumplir.
Si no se tratara de lo público, sino de una empresa privada, seguramente este tipo de administradores serían mal evaluados porque bien es sabido que lo que no se mide no se puede controlar. Es así como a la hora de revisar la visión que se trazaron, quienes están terminando su mandato, cuando propusieron sus planes de desarrollo, muchos parecen sacados del sombrero de un mago, mientras que otros ni siquiera se plantearon una, como si este importante documento solo se hiciera por llenar un requisito legal.
En una democracia como la nuestra, que cuenta con voto programático como pregona la Constitución colombiana, debería pasarse cuenta de cobro a quienes osan cometer la imprudencia de proponerse unos estándares, que luego no hacen nada por cumplirlos. Sin embargo, sabemos que es esta justamente una democracia incompleta y lo es porque los ciudadanos en general no asumimos el rol que nos corresponde de hacerla viva y, por tanto, respetable para alcanzar una sociedad más justa, que al final es de lo que se trata.

La nuestra es una Constitución amplia, incluyente, promotora de los derechos, y hacerla cumplir es una buena manera de empezar a presionar para un país en el que entre las diferencias encontremos los puntos de acuerdo, esos mínimos que nos invitan a construirnos como sociedad plural, diferenciada, respetuosa de la dignidad humana y que defienda la unidad nacional. Cuando entendamos esto, podremos darnos cuenta de que somos más importantes cuando luchamos por un propósito mucho más grande que el de cada uno, cuando entendemos que proponer la visión de un municipio o una meta, debe ser un propósito para lograr mejores resultados. Los logros colectivos tienen que guiar a los mandatarios para que así también poco a poco alcancemos los individuales, pero para ello se necesitan administradores conscientes de que es necesario que trabajen por el bien común y no solo por su futura aspiración política.