LA PATRIA | MANIZALES

Resultó peor el remedio que la enfermedad. Eso dice el protagonista de este caso, un ciudadano que afrontaba un problema con unos bienes inmuebles de su propiedad, que le fueron arrebatados y, de paso, lo amenazaron de muerte.

El señor, confiado en las autoridades, acudió el año pasado al Comando de Policía Caldas para denunciar o pedir asesoría, pero, como lo indicó, "no lo atendieron de la mejor manera".

Regresó a su casa y escuchó una cuña por una emisora, de nombre La Soberana, donde hablaban de la lucha contra la corrupción y de que les ayudaban a las personas que enfrentaban problemas. No dudó en llamar en busca de soluciones y le contestó un hombre que se identificó como Sebastián.

Este, al escuchar su solicitud, le dijo que se comunicara con un policía adscrito al Comando de Caldas, quien es técnico en identificación y registro, y que hace parte de esa institución desde el 2012. El desesperado comerciante habló con el uniformado. "Mándeme toda la documentación sobre su denuncia", le respondió.

Luego se reunieron en la casa del afectado y el policía le aseguró que era de la Sijín Caldas y que se encargaría de investigar y hacer expulsar a quienes lo atendieron mal.

El DAS

Días después el uniformado se le apareció en la casa con cinco personas más, entre ellas el Sebastián que respondió la primera llamada. "Son exintegrantes del extinto DAS, quieren luchar contra la corrupción", le explicó el policía al ciudadano.

Sin embargo, el uniformado le argumentó que necesitaban dinero para viajar a Bogotá, para abogados y para armas. El asustado comerciante terminó entregando $7 millones, $5 millones de esos el 16 de junio del año pasado. Los giró desde Manizales hacia Bogotá.

A partir de ahí empezó una pesadilla para la víctima, de cuenta de quien debía protegerlo. El policía le aseguró que en la Sijín figuraba con una investigación por la muerte de José Obed Valencia Bahena, de 51 años, pensionado del área de sanidad de la Policía (lo ultimaron el año pasado, de 10 disparos, en la vereda Bajo Corinto).

El representante de las autoridades se reunió con la hija y la esposa del afectado, en una cafetería de Palermo, para que convencieran al comerciante de entregar más dinero para no terminar en la cárcel. Incluso, que le transfiriera bienes a su nombre. Pidió joyas, vender carros y apartamentos, y les aseguró que era el único que podía ayudarlo y darle tranquilidad jurídica.

La zozobra se apoderó de esta familia, que no dudó en denunciar. El martes pasado la Fiscalía llevó a audiencia de formulación de acusación al uniformado señalado y aún activo. Lo hizo por el delito de concusión, narró los hechos anteriormente descritos y le habló de una pena entre 96 y 180 meses, sin beneficios. El policía, hoy con 45 años, no aceptó los cargos y se irá a un juicio, pero sigue libre, vinculado al proceso.

Pruebas

La Fiscalía relató que entre las pruebas están entrevistas y recibos de consignación.

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