Tener máquinas tragamonedas en su establecimiento público, sin permiso, no solo le generó un proceso penal a un ciudadano, sino que enfrenta otro de extinción de dominio de esos elementos de apuestas.

Al señor lo judicializaron por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico . Todo se remonta al 10 de agosto del 2011, cuando encontraron a Manuel, propietario de un negocio de comercio, en Samaná, explotando estas máquinas, pero sin autorización de las autoridades. Se las incautaron.

Sin embargo, el fiscal delegado advirtió que en el proceso había operado la prescripción, por lo que pidió la preclusión de la investigación, ante la imposibilidad de iniciar con la acción penal.

Un juez de La Dorada avaló lo solicitado, pero se abstuvo de ordenar la devolución de las máquinas incautadas.

"A pesar de la figura de la preclusión por prescripción de la acción, se encuentra latente que aquellos elementos eran precisamente el objeto con el cual se podría estar desarrollando una conducta delictiva, de ahí que es necesario que se pongan a disposición de la Fiscalía de extinción de dominio, en donde se definiría definitivamente la suerte de los mismos.", decidió.

El abogado del comerciante apeló, pero luego desistió de esa opción. Así las cosas, se espera que se defina qué pasará con las máquinas tragamonedas.