LA PATRIA | MANIZALES

A 9 años y 4 meses de prisión condenó un juez en el 2018 a un exfuncionario de la Contraloría de Caldas por actos de corrupción. Sin embargo, el Tribunal Superior de Manizales lo declaró inocente en segunda instancia y recobró su libertad.

Los hechos con los que lo relacionaron ocurrieron en el 2012 durante una auditoría que se realizó a la Secretaría de Movilidad de Riosucio y en la que se detectó que habrían nombrado y despedido posteriormente a un funcionario de manera irregular.

El hombre supuestamente invito a la secretaria de Hacienda del municipio a tomar un café y allí le exigió $5 millones para alivianar la sanción que se impondría, añadiendo además que con el dinero arreglaría el carro que resultó dañado tras golpear con una roca en la llegada.

Inmediatamente, la mujer acudió al despacho del alcalde de la época, Abel David Jaramillo, a quien le comentó el caso de chantaje, al igual que al asesor jurídico. Se comunicaron telefónicamente y por escrito con el contralor departamental y sus funcionarios, quienes ordenaron frenar la visita e iniciar un proceso disciplinario.

También se compulsaron copias ante la Fiscalía por concusión agravada. En abril del 2017 le imputaron cargos al señalado y en octubre del 2018, tras no aceptar cargos, se dictó sentido de fallo condenatorio.

Pero César Augusto López, el abogado defensor apeló y sostuvo que en las pruebas expuestas, en ningún momento se denunció la conducta ante la Contraloría y ante la exigencia de los $5 millones, no hubo testigos, salvo el de la secretaria.

Durante el juicio no se contó tampoco con las declaraciones de dos empleados a quienes les llegaron las pruebas. Contrario a eso, dos funcionarias de la entidad territorial demostraron la labor del hombre con los informes presentados y desconocían la supuesta reunión de los involucrados.

La Fiscalía tampoco expuso las quejas hechas a la Contraloría, ni la disciplinaria. Además, tampoco llevó al juicio a la profesional universitaria que recibió la denuncia y la remitió al ente acusador.

Por eso, el Tribunal indicó que se carece de total respaldo probatorio frente al delito de concusión. En el juicio se omitió una cantidad de pruebas que pudieron contar otra historia y en el proceso disciplinario se archivó el caso y no se solicitó revisión.

Dijo el Tribunal

“En definitiva, la Fiscalía no aportó pruebas de corroboración para fortalecer la versión huérfana de la quejosa, toda vez que el señalamiento único de ésta, contiene múltiples vacíos y contradicciones que dejan dudas respecto de la ocurrencia de los hechos”.

Represalia

El hoy absuelto aseguró que la persecución de la secretaria se debió a que él no accedió a una petición de ella hecha en el 2010.