Los habitantes del corregimiento de San Miguel, en Sonsón (Antioquia), encuentran en el ecoturismo una importante fuente de ingresos, gracias a los ríos y paisajes que lo rodean, pero la minería ilegal les preocupa y el silencio reina entre las autoridades.

Un ciudadano, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, indicó que hace dos meses se envió una queja a Corpocaldas por las afectaciones a los ríos, a causa de las actividades que se desarrollan en jurisdicción de Samaná.

Indicó que son 9 retroexcavadoras que ingresaron a la montaña, en el cañón del río Samaná, para realizar la extracción de oro. Les avisaron a las autoridades, pero no ven la reacción de nadie.

A la preocupación por la destrucción del entorno se suma la de la disminución de turistas, dado que utilizan el río tanto para navegar como para bañarse, y ante la turbiedad del afluente La Miel, en el que desemboca el Samaná, que se hace más evidente con el verano, por lo que los visitantes optan por buscar otros destinos.

“Hemos buscado ayuda de Corpocaldas, de las autoridades y otras corporaciones y todos se tiran la pelota. Pensábamos que realmente Corpocaldas iba a hacer la gestión como representante del medioambiente y al mes respondieron que eso era responsabilidad de otros”, manifestó el ciudadano.

El denunciante reclamó que la comunidad está cansada de rogar y le entristece que emprendan acciones contra quienes utilizan dragas, mientras hay 9 máquinas tumbando el monte y afectando el entorno, sin que hagan algo.

Pendientes de la visita

La denuncia anónima explica que las actividades de minería ilegal se estarían efectuando en la vereda Cristales y en el río Samaná. Corpocaldas respondió que en este sector no existe autorización para la explotación de recursos naturales.

Así mismo, se remitió un oficio a la Alcaldía del municipio caldense y a la Policía de Caldas para que entre las tres entidades visiten el territorio mencionado y se verifique la denuncia.

LA PATRIA intentó dialogar con los alcaldes de Sonsón y de Samaná, Juan Diego Zuluaga y Jorge Andrés Arango, vía telefónica y por WhatsApp, pero no respondieron. Así mismo se solicitó respuesta de la Policía, y tampoco hubo pronunciamiento.