LA PATRIA I Manizales

La sede de la Universidad Nacional en Manizales continúa bloqueada. Sus actividades académicas cumplen cerca de 12 semanas paralizadas.

Allí, un grupo de personas desarrolla lo que llama toma política del bloque C, en el Campus Palogrande.

Su exigencia central era que Ismael Peña no fuera el rector de la Universidad Nacional de Colombia, como lo decidió el Consejo Superior en sesión del 21 de marzo, luego de la consulta interestamental con docentes, estudiantes y egresados.

La situación escaló a escándalo. El 6 de junio, el Consejo Superior, ante acciones del Gobierno nacional, nombró a Leopoldo Múnera, el preferido de la comunidad estudiantil.

Eso ya hace dos semanas. El 13 de junio asumió Belizza Yaneth Ruiz, escogida por Múnera, como vicerrectora de la sede en la capital de Caldas.

Sin embargo, aún no se desmonta el bloqueo y no se reactivan las clases. Entre tanto, una Mesa de Diálogo, integrada por profesores, estudiantes y administrativos, avanza en conversaciones precisamente con el propósito de reactivar las labores académicas. 

En un aspecto de sus acuerdos les exigen a las directivas velar para que la Fuerza Pública no intervenga en el asunto, ante un supuesto hostigamiento.
 

Se trata del punto 3 que señala:

“Manifestamos el rechazo, tanto de administrativos, profesores y tomistas, de la presencia y el hostigamiento de la fuerza pública en el espacio universitario, recordando que desde 1984 estas instituciones tienen prohíbido el ingreso a las universidades públicas sin autorización de sus autoridades. Exhortamos a la administración a tomar medidas para evitar que estas situaciones se repitan”. (Leer más abajo el mensaje completo de la Mesa de Diálogo)

Solo patrullajes

En relación con lo anterior, la Secretaría del Interior de Manizales manifestó que la actividad de la Policía en la zona corresponde a los patrullajes de rutina que efectúa esta institución uniformada en sectores de la ciudad.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría respondió que en ningún momento se ha ingresado a la Universidad Nacional.

El intendente jefe James Díaz es el responsable en la ciudad del Equipo de direccionamiento local del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.

Explicó que los policías pasan por las universidades de Caldas y Nacional como parte del servicio de seguridad que se presta en estos sectores, con sus vías adyacentes y subyacentes.

"Tenemos clara la autonomía universitaria, sabemos que es un tema interno de la Universidad. Somos respetuosos y sabemos cuáles son nuestras misiones”, añadió Díaz.

Agregó que los agentes de los cuadrantes de los sectores de El Cable y de Palermo están encargados de recorrer la zona. “Tenemos que garantizar seguridad y salubridad en a todos los habitantes de la ciudad”.

Concluyó con que en reunión con directivas de la institución de educación superior les dijeron que ni personal de vigilancia ni otras personas han visto entrar a la Policía a la sede.

El 29 de mayo este diario se acercó a una portería del Bloque C, donde están los tomistas.

La idea era tener reacciones con los estudiantes acerca de señalamientos de supuesto vandalismo en las instalaciones y de la presunta invitación a una fiesta en el lugar.

Uno que estaba de guardia, en la entrada central, expresó que había un comité encargado de definir si se hablaba con medios de comunicación. Hasta ahora, no han dado respuesta. De todas maneras, afirmó que habían tenido un hostigamiento de la Fuerza Pública.

ABC de la protesta

En el ABC de la protesta pública, elaborado por la Universidad de la Sabana, se recuerda que la protesta social es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.

Añade: "Es un instrumento constitucionalmente legítimo de reivindicación de los derechos humanos, en circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando se desarrolle de manera pacífica; adicionalmente, se relaciona con otros derechos constitucionales".

Añade los siguiente sobre la Responsabilidad de los ciudadanos para ejercer este derecho:

Los sí:

- Se puede protestar pacíficamente, públicamente, por el tiempo que se considere necesario para expresar determinada reivindicación.

- Se puede manifestar a través de diferentes expresiones culturales y artísticas, y de arengas.

Los no

- No se debe incitar a la violencia, ni participar en hechos violentos.

- No debe haber ni porte, ni uso de armas.

- No se debe incurrir en actos de vandalismo.

- No se debe atacar la propiedad pública o privada.

- No se debe atacar a los manifestantes.

Autonomía y soberanía

LA PATRIA también habló con el doctor en ciencias políticas Juan Carlos Yepes, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, quien explicó diversos aspectos sobre si la Fuerza Pública puede o no ingresar a las universidades colombianas.

Yepes citó que el artículo 69 constitucional les otorga a las universidades el núcleo esencial de la autonomía, algo que definió así el constituyente primario.

Comentó: “Esto implica que las universidades tienen independencia o autonomía para definir sus propios procesos de orden académico, también de carácter financiero, ejecución de presupuestos e igualmente desde el punto de vista administrativo. Son tres dimensiones en las cuales se materializa ese núcleo esencial o principio de la autonomía universitaria”.

El docente universitario pasó, a renglón seguido, a reseñar que el debate que se ha suscitado desde tiempo atrás tiene que ver con el asunto de si la Fuerza Pública, en este caso la Policía, tiene la facultad o el fuero para ingresar a las universidades públicas.

Aclaró: “Es importante decir que sobre ello todavía no hay un pronunciamiento de fondo de la corte constitucional, entre otras pues se ha establecido ante todo una sentencia que es la C220 del 97 que indica que autonomía no es soberanía, es decir, las universidades no están por fuera de la Constitución y de la ley. Ese es un marco que debe respetarse”.

Yepes contextualizó acerca de lo que ha pasado. Dijo que el Ejecutivo, en cabeza del Gobierno nacional con el presidente de la República, o en el caso del alcalde del Distrito Capital de Bogotá, se abstienen de autorizar o de ordenar el ingreso a las universidades públicas porque saben que esto tiene un costo político enorme.

Adicionó que esa decisión es porque se ha considerado que esos son lugares casi que sagrados para el conocimiento, la investigación, la docencia, el cultivo de la verdad, etcétera, lo que constituye un patrimonio de la sociedad y de la humanidad.

“Para ingresar a la Fuerza Pública se tendría que contar con el permiso del máximo órgano de dirección, el Consejo Superior o de quien desempeñe las funciones de representante legal, la máxima autoridad administrativa que serían los rectores. Caso contrario, no se hace”, añadió.

Advirtió que, de todas maneras, quien violente la ley, cometa actos delictivos, puede ser objeto obviamente de captura. Y que si la Fuerza Pública decide entrar a las universidades, pues lo podrá hacer.

“... pero insisto, eso tiene un costo político para el jefe de Estado. No olvidemos que él es el jefe supremo de las Fuerzas Militares, también la autoridad administrativa primaria de la nación. Ese es el jefe de gobierno, jefe de Estado, entonces el Ejecutivo no se va a dar esa pela de ordenar ingreso de la Fuerza Pública en las universidades porque, insisto, tiene un costo político demasiado alto para la imagen de los gobernantes”, concluyó el experto en ciencias políticas.

Mensaje de la Mesa de Diálogo

El siguiente es el comunicado de los avances para el retorno a la normalidad en la Universidad Nacional Sede Manizales, de acuerdo con la Mesa de Diálogo:
“Los días 4 y 18 de junio, la Mesa de Diálogo ha tenido la oportunidad de reunir a los tres estamentos (profesores, administrativos y estudiantes) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, con el objetivo en común de promover el diálogo abierto, inclusivo y respetuoso, en miras a construir un espacio de reconciliación y de construcción de tejido social más fuerte y cohesionado que apunte a exponer las necesidades, fortalecer el bienestar de toda la comunidad universitaria y construir una universidad desde el entendimiento de la diferencia de pensamientos, posturas y la pertenencia hacia el alma mater. Reconocemos que la falta de espacios de diálogo ha contribuido al desconocimiento y la desinformación, a la exposición y profundización de las brechas entre estamentos, dolor y estigmatización dentro de nuestra comunidad.

Por lo anterior, es fundamental comprender tanto las perspectivas estudiantiles como las decisiones administrativas y profesorales para que esta mesa sea el punto de partida hacia los pasos y diálogos necesarios para definir el futuro de nuestra universidad, como la queremos y merecemos.

Dentro del desarrollo de cada uno de los encuentros y hasta el momento en que se redacta este comunicado, hemos avanzado en el reconocimiento y planteamiento de los siguientes puntos:
 

1. Instamos a la necesidad de reconciliación entre los distintos estamentos, reconociendo que ciertas circunstancias han propiciado divisiones y malentendidos. Por ello, tanto los miembros del cuerpo estudiantil como los administrativos hacen un llamado al reconocimiento, al respeto y la conciliación entre los estamentos evitando los desencuentros entre los mismos.
 

2. Animamos a todos los miembros de la comunidad a crear y participar conjuntamente espacios de construcción política y social desde diversas perspectivas, promoviendo así la reconciliación y el retorno a la normalidad académica, y a instar a que las actividades que se desarrollen sean en conjunto entre los estamentos o bien informándose entre sí.
 

3. Manifestamos el rechazo, tanto de administrativos, profesores y tomistas, de la presencia y el hostigamiento de la fuerza pública en el espacio universitario, recordando que desde 1984 estas instituciones tienen prohíbido el ingreso a las universidades públicas sin autorización de sus autoridades. Exhortamos a la administración a tomar medidas para evitar que estas situaciones se repitan.
 

4. Acordamos avanzar conjuntamente una metodología para el regreso consensuado a las instalaciones universitarias y acuerdos para garantizar la seguridady la integridad de toda la comunidad en caso de futuras ocupaciones del campus.

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