LA PATRIA | MANIZALES

Una condena y 21 posibles preacuerdos resumen lo que ha pasado con los detenidos por el entramado de Las Marionetas, banda encabezada por el exsenador liberal caldense Mario Castaño Pérez, que defraudó al erario a través de la desviación de recursos de contratos nacionales.

El turno de socializar su pacto ayer fue el ingeniero Juan Sebastián Vargas Marín. Las víctimas son el Departamento de la Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La fiscal Ángela Córdoba narró ante un juzgado especializado de Bogotá cómo fue la participación de este manzanareño en Las Marionetas.

La negociación, que establecería una pena de 51 meses e inhabilidad por el mismo periodo, es por concierto para delinquir agravado, en concurso con interés indebido en la celebración de contratos. Es en calidad de particular, no de servidor público.

El ente acusador expresó que los diálogos empezaron el 13 de febrero y quedaron puntos pendientes que se resolvieron el pasado 14 de junio. Vargas Marín, quien tuvo contrato con la Gobernación de Caldas y algunas alcaldías del departamento, habría "metido la mano" en seis eventos para el direccionamiento irregular de contratos con el fin de beneficiar económica y políticamente al exsenador y a algunos mandatarios municipales. Incluso, pactando coimas.

10%

Por ejemplo, el ente acusador nombre el contrato del 17 de diciembre del 2021, por $1.942 millones, para placas huella en el municipio de Risaralda, donde le dio el 10% de coima a Juan Carlos Martínez (mano derecha de Castaño y huye) para que se lo asignaran. También se habló de otros para los estudios y diseños de Sacúdete al Parque en Neira, Chinchiná y en Risaralda; además de la cancha sintética de Palestina.

"Se comunicaba con Castaño Pérez y Martínez para cuadrar la estructuración de las iniciativas y luego la forma de ganarlas de manera direccionada. Ponían diversidad de oferentes. Afectó la moralidad y la transparencia", añadió la fiscal. El único beneficio ofrecido fue la rebaja por aceptar la responsabilidad. El 18 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana, se conocerá si avalan o no el pacto.

A cantar

• 1- La Fiscalía indicó que cuenta con otros radicados, gracias a la información dada por Juan Sebastián, donde hay más alcaldes caldenses involucrados y que serían vinculados. "Será testigo contra Juan Carlos Martínez; Alexánder Sánchez (Pato); Juan Carlos Cortés Bérmudez, actual alcalde de Risaralda; y Alfredo Odacid Valencia Dovale, exmandatario de Samaná", ente acusador.
• 2. Entre sus compromisos con el preacuerdo están que debe pedir perdón público, seguirá colaborando con la Fiscalía, dar charlas de 30 horas sobre cómo evitar infracciones en la contratación estatal (10 horas a estudiantes de ingeniería civil de universidades de Manizales, 10 a personas del DPS y 10 a funcionarios del Miniterior), entregar $5 millones en libros a una escuela de Risaralda (Caldas) y $5 millones 200 mil para el programa Prevención del delito Futuro Colombia, de la Fiscalía.
• 3. No se le exige reintegro de dinero, pues no se demostró que tuvo aumento de patrimonio. Se le archivó un proceso de extinción de dominio, el 30 de noviembre del año pasado.
• 4. En los seis eventos aceptados de interés indebido, 5 fueron solo de solicitud de recursos, pues se quedaron en fase precontractual. El sexto se suscribió con el DPS y le entregó 10% a Juan Carlos Martínez, pero de su bolsillo, pues ese contrato no tenía anticipo, se giraba mientras avanzaba la obra.

Podio de negociaciones

-Exsenador Mario Alberto Castaño Pérez (cabecilla). 15 años y 11 meses de condenada.

-Daniela Ospina. Preacuerdo con 5 años de condena. Devolverá $80 millones.

-Olga Lucía Botero Gómez, de Aguadas. Preacuerda 75 meses (se socializa el viernes).

-Diego Fernando González, exalcalde de Aguadas. Preacuerda 69 meses (se socializa el viernes).

-Fabio Andrés Rodríguez Hernández y Cristian Andrés Marín Henao, ingenieros de Aguadas, buscan preacuerdo entre 49 y 50 meses.

-Jhónatan Vásquez, exalcalde de La Merced. Preacuerdo de 53 meses.

-Andrés Aristizábal, exalcalde de Villamaría. Preacuerdo de 53 meses.

-Diana Yaneth Agudelo Rincón. Preacuerdo 53 meses.

-Gloria Stella Raigoza, alcaldesa de Alcalá (Valle), preacordó 53 meses.

-Juan Sebastián Vargas Marín, 51 meses.

-Claudia Castaño Morales. Preacordó pena de 16 a 54 meses.

-Santiago Castaño Morales. Principio de oportunidad (colaboración).

-Nova Lorena Cañón Reyes. Principio de oportunidad (colaboración).

-Víctor Hugo Franco Muñoz, alcalde de Piendamó, preacordó, pena por definir, junto a cinco funcionarios más.

-Blanca Inés Chaves Jiménez, exsecretaria de Educación del Cauca, preacordó, pena por definir.

Nota. El único en intramural es el exsenador. Los demás, en domiciliaria. Los preacuerdos deben ser primera avalados por los jueces.

El pasado 5 de junio, la Fiscalía indicó que acordó una negociación con Alejandro Noreña y Wílmar Herrera (exalcalde de Norcasia) para la posible aceptación de responsabilidad. El 1º de septiembre lo darán a conocer ante un juzgado especializado de Bogotá. El primero está detenido en Bogotá y el otro en Manizales, en centro penitenciario.

Para hoy, desde las 9:00 a.m., fue llamado a indagatorio el exsenador por la investigación abierta el 23 de marzo pasado, por enriquecimiento ilícito de servidor público, tras posibles hechos cuando fue representante a la Cámara por Caldas.